Ya está en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que impulsa el Gobierno para reducir el consumo de energía potenciando las rehabilitaciones del envejecido parque de viviendas de nuestro país. El valor total del plan asciende a 3.420 millones de euros y uno de sus instrumentos principales es un Real Decreto-Ley que impulsa bonificaciones fiscales en la declaración de la renta (pudiendo estar sujetas a modificaciones) de carácter general.
Bonificaciones y requisitos
Las bonificaciones del 20% y del 40% afectan exclusivamente a viviendas habituales o en alquiler residencial y las del 60% a edificios residenciales. Se requiere un certificado de eficiencia energética anterior y posterior a la obra que acredite la reducción del consumo energético. La expedición del certificado tendrá que obtenerse este año en los dos tramos más bajos de las bonificaciones y antes de 2024, en el más elevado. Los incentivos fiscales, de unos 450 millones de euros, se distribuyen en dos plazos.
En principio, el primero transcurre hasta el 31 de diciembre de este año y el segundo hasta el 31 de diciembre del año que viene.
- Hasta el 31 de diciembre de 2022, los propietarios de viviendas podrán beneficiarse de una deducción de hasta el 20%, con una base anual máxima de deducción de 5.000 euros. La reducción tendrá que ser de al menos un 7 % del consumo anterior a la reforma de las cantidades invertidas en obras para reducir la demanda de calefacción y refrigeración. Por otro lado, si quieren optar a una bonificación del 40% y un máximo de 7.500 euros anuales, necesitarán, como mínimo, reducir un 30% del consumo de energía primaria no renovable o la mejora de la nota de la calificación energética, con una letra A o B (la escala de calificación se va degradando hasta la G).
- Hasta el 31 de diciembre de 2023, Los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial podrán deducirse el 60 por ciento de las cantidades satisfechas durante dicho período por tales obras. Se requiere una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30 por ciento como mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación, respecto del expedido antes del inicio de estas. La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales.
Las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 euros.
Viviendas: ¿por qué son claves en la lucha contra el calentamiento?
Se estima que las viviendas que se podrían beneficiar de las bonificaciones fiscales rondan los 13,2 millones. Esta necesidad responde a la realidad de nuestro parque residencial, teniendo en cuenta que las casas construidas antes de 1980 no tenían que regirse por ninguna normativa sobre condiciones térmicas y además, según los datos del Catastro recabados en un estudio[1] de Idealista, la mitad del parque de viviendas de nuestro país supera los 40 años.
Por comunidades autónomas, País Vasco tiene la media de inmuebles residenciales más envejecidos, con el 63,5%, seguido de Cataluña (59,8%) y Aragón (56,2%). En el otro lado de la balanza, Murcia (41%), Islas Canarias (41,9%) y Andalucía (44,2%).
Los edificios son responsables del 35% de la emisión de CO2 en las grandes ciudades y, en estas circunstancias, apunta Jorge Sáenz de Miera, responsable de Avanza Credit de Deutsche Bank, “para la reducción de estas emisiones es imprescindible tomar medidas como la mejora de los aislamientos, la sustitución de calderas ineficientes o la instalación de equipos de autoconsumo”. Hay que tener en cuenta, matiza el experto, que “Las obras son costosas. Existen ayudas parciales del estado, pero necesitan de una financiación adicional para poder llevar a cabo los proyectos cuanto antes”.
Deutsche Bank ha desplegado un amplio equipo humano y un producto ágil y sencillo (alcanza el 100% del proyecto y a un plazo de hasta 15 años) que, según la demanda actual, financia, a partes iguales, obras de rehabilitación que mejoran la eficiencia energética (el 90% se dirige al aislamiento de fachadas y el 10% a la sustitución de calderas e instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo) y obras de rehabilitación que mejoran la accesibilidad mediante la instalación de ascensores y rampas de acceso.
Porque, al fin y al cabo, como comenta Jorge Sáenz de Miera, “la mayor parte de la gente vive en pisos y muchos no tienen ascensor… y es necesario adaptarlos, tanto por regulación como por el envejecimiento de la población”.
