Recientemente ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley que busca impulsar la eficiencia energética del envejecido parque de viviendas de España a través de bonificaciones fiscales en la declaración de la renta (pudiendo estar sujetas a modificaciones) de carácter general. Se trata de un programa de ayudas vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno destinado a la rehabilitación residencial para reducir el consumo energético por valor de 3.420 millones, de los que 450 millones se destinarán a los incentivos fiscales repartidos en dos plazos.
Hasta el 31 de diciembre de 2022, la norma contempla dos tipos de ventajas fiscales. En la primera, los propietarios se podrán beneficiar de una deducción de hasta el 20% de las cantidades invertidas en obras para reducir el consumo de calefacción y refrigeración, con un límite de 5.000 euros anuales. La reducción tendrá que ser de al menos un 7% del consumo anterior a la reforma.
En el segundo tramo, la bonificación se eleva hasta el 40% y un máximo de 7.500 euros anuales. Está dirigido a la disminución de, como mínimo, un 30% del consumo de energía primaria no renovable o a la mejora de la nota de la calificación energética, con una letra A o B (la escala de calificación se va degradando hasta la G).
Y, por último, hasta el 31 de diciembre de 2023, se contempla la deducción más elevada, hasta un 60% de las cantidades invertidas con un desembolso tope de 5.000 euros para rehabilitación en edificios residenciales que reduzcan el consumo en la misma proporción que el tramo anterior. Los vecinos de la comunidad se deducirán la inversión en función de su cuota como propietario.
Solo se podrán beneficiar de las ventajas fiscales las viviendas habituales o en alquiler residencial y será necesario un certificado de eficiencia energética anterior y posterior a la obra, que será el que demuestre la reducción del consumo exigida. También es importante saber que la expedición del certificado tendrá que ser anterior a 2023 en los dos tramos más bajos y antes de 2024, en el más elevado.
Hay que tener en cuenta que la realización de estas obras es costosa y aunque existen ayudas estatales, necesitan de una financiación adecuada para que sea una inversión rentable y no un gasto”, apunta Jorge Sáenz de Miera, responsable de Avanza Credit de Deutsche Bank.
