El ejecutivo tiene previsto destinar 5.300 millones de euros procedentes de los fondos europeos a un plan de rehabilitación y regeneración urbana a tres años que podría beneficiar a casi medio millón de viviendas y multiplicar por cinco las rehabilitaciones.
El anuncio llevaba algunos meses flotando en el ambiente. Solo faltaba, en realidad, confirmar lo esperado y concretar las cifras. Sabíamos que la Unión Europea quería aprovechar su estímulo a las economías castigadas por la pandemia para acelerar la transición ecológica. También sabíamos que, en la Unión Europea, los edificios son los responsables de alrededor del 40% de del consumo energético y del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero.
La situación exigía actuar con especial urgencia en España. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, más de 10 millones de viviendas presentan necesidades de rehabilitación, la edad media de los edificios españoles supera los 40 años, solo un 4% cuenta con la certificación energética óptima y la mayoría carece de aislamientos térmicos en su envolvente. Esto último se traduce en un consumo excesivo de energía, obtenida fundamentalmente a partir de combustibles fósiles, y en una factura mucho mayor de calefacción para los hogares.
Otro motivo por el que había que tomar medidas especiales en España es que la tasa anual de rehabilitación de viviendas era relativamente baja antes de la pandemia. Según los datos del Ministerio de Fomento, en 2019 se rehabilitaron 31.000 viviendas o, dicho de otra forma, un 0,15% del total frente al 1,5% y el 2% anuales de otros países vecinos y al 3% que recomienda la Unión Europea.
Todo esto ha llevado al Gobierno a diseñar un gran plan a tres años de rehabilitación y regeneración urbana que debería multiplicar la cifra de rehabilitaciones anuales por cinco hasta 2023. Los 5.300 millones de euros del plan, procedentes de fondos europeos, se distribuirían así:
- 2.400 millones de euros para vivienda y barrios;
- 500 millones para ciudades de menos de 5.000 habitantes;
- 1.080 millones para edificios de comunidades y ayuntamientos;
- 1.000 millones para edificios de la Administración del Estado;
- 20 millones para que las entidades locales diseñen sus planes de acción de la Agenda Urbana;
- y 300 millones para una convocatoria que ya ha sacado el Instituto para la Diversificación Energética.
Los grandes beneficiarios serán las empresas de rehabilitación, que podrán compensar el golpe que recibieron el año pasado y convertirse en un motor de generación de empleo que facilite la recuperación de la economía en su conjunto. Además, las comunidades de propietarios se encontrarán con una oportunidad única para renovar sus edificios y reducir la factura energética de sus casas.
Precisamente, Deutsche Bank lanzó, a principios de 2020, Avanza Credit un área de negocio especializada enfocada en la financiación de proyectos de energética y rehabilitación de comunidades de propietarios. Deutsche Bank lleva financiado proyectos de rehabilitación y accesibilidad para comunidades de vecinos desde hace más de 25 años, pero ahora han decidido invertir más en el sector, con un equipo comercial más grande y un mayor número de personas dedicados en exclusiva a gestionar estas operaciones. Actualmente, trabajan con cerca de 1.500 empresas proveedores que ofrecen servicios de rehabilitación, eficiencia energética, instalación de ascensores y venta de equipo médico (oftalmología, odontología, veterinarias, etc.).
Jorge Sáenz de Miera, Responsable de Avanza Credit, aseguró el año pasado que esperaba proporcionar 1.500 millones de euros en créditos entre 2020 y 2022 a través de tres grandes productos: Préstamo Huella 0 (para mejorar el ahorro y la eficiencia energética de viviendas y edificios), Préstamo Renueva (para la instalación o renovación de ascensores, rampas de acceso y otros elementos que facilitan la accesibilidad a edificios) y Préstamo Equipa (para equipamientos profesionales de todo tipo, desde sanitarios hasta ópticos, médicos o vendings, entre otros muchos).
